LA PEOR DERECHA

En el juego democrático la existencia y convivencia de partidos políticos de diferentes orientaciones ideológicas constituye la “prueba del algodón” de lo que entendemos por democracia.

La libertad de expresión es uno de los derechos esenciales de cualquier democracia y allí, donde la misma se cuestione, califica a las personas que se manifiestan de forma furibunda contra las personas que libremente ejercemos nuestro derecho a opinar. Los intransigentes acampan por sus fueros y sacan sus peores garras cuando no les gustan las opiniones de los demás, pero ese es su problema.

El conservadurismo y, aún peor, el ultraconservadurismo no lo encontramos exclusivamente en el ámbito político. También se manifiestan y toman forma en otros ámbitos de la sociedad. Por poner sólo dos ejemplos, los posicionamientos conservadores, también en sus manifestaciones más radicales, los encontramos entre la judicatura y en la iglesia.

En el principal partido de la derecha española la gran mayoría de sus militantes, simpatizantes y votantes son demócratas. La gran mayoría de los fieles y de los religiosos de la iglesia católica son respetuosos con los valores y las libertades del ser humano. La gran mayoría de la judicatura son los más elementales derechos y libertades de las personas.

Dejando por sentadas esas apreciaciones, asistimos alarmados a los escándalos que, coincidentes en el tiempo, vienen produciéndose en los ámbitos políticos, religiosos y judiciales.

En el ámbito político, el PP se ha quedado descolocado con los numerosos casos de corrupción política que, según se va sabiendo, no sólo afecta a cargos públicos del partido conservador sino que también aparecen indicios de presunta financiación ilegal de los populares. Algunos de sus “popes”, en lugar de exigir la expulsión inmediata de todos los imputados con graves pruebas acusatorias que les incriminan, sacan sus peores garras para atacar a los que nos atrevemos a denunciar públicamente estas formas de hacer política, que les invalidan para asumir las riendas de gobierno.

En el ámbito religioso de nada ha servido cerrar los ojos y mirar para otro lado para que no se conociera nunca los múltiples casos de pederastia que están salpicando a la iglesia. Las reacciones de relacionar pederastia con homosexualidad sólo dejan entrever la cara más oscura de una iglesia que nada tiene que ver con los millones de fieles y con los miles de religiosos que dejan su vida al servicio de los más necesitados.

En el ámbito jurídico y con la finalidad de quitarse de encima a un magistrado que se atrevió a perseguir a dictadores como Pinochet, a terroristas de ETA y del GAL, a la corrupción del PP en el caso Gürtel, ha hecho que se junten muchos y ocultos intereses para apartarle de la carrera judicial.

En España pesa más la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía, anterior a la Constitución de 1978, que la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura y, especialmente, que la imprescriptibilidad del delito de genocidio que se estableció en la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de 26 de noviembre de 1968”, de la que España formó parte como miembro, de pleno derecho, de la Asamblea de la ONU desde el día 14 de diciembre de 1955.

Atreverse a investigar la corrupción, denunciada inicialmente por uno de sus militantes, que se ha ido destapando en muchos de los cargos del PP, también ha contribuido a que la judicatura más conservadora se empeñe en inhabilitarle, porque la querella por la financiación de los cursos en NY da la impresión de que no se sostiene ni con alfileres.