La presunción de inocencia debe prevalecer siempre como bandera en un Estado de Derecho, pero la corrupción política produce mucha indignación, cabreo e impotencia en todos los ciudadanos.
El espectáculo al que estamos asistiendo no deja de sorprendernos, aunque se repita una y otra vez en distintas partes del territorio español, porque descubrimos que la desnuda y cruda realidad de la corrupción aparece bien enraizada en muchas administraciones públicas y, siempre con todas las reservas de la presunción de inocencia, no distingue entre Presidentes de Gobiernos Regionales [Francisco Camps –PP-, Presidente de la Comunidad de Valencia, o Jaume Matas –PP- ex Presidente de Baleares), Eurodiputado [Gerardo Galeote –PP-]; Diputado [Jesús Merino –PP-] o Senador [Luis Barcenas, ex Tesorero del PP]; Diputados Regionales [Alberto López Viejo –PP-, Benjamín Martín Vasco –PP- y Alfonso Bosch Tejedor –PP--, de la Asamblea de Madrid]. A todos ellos hay que sumarlas algún Presidente de Diputación y un sinfín de Alcaldes, Concejales, empleados públicos y empresarios. No hay que ser muy listos para saber de qué color político son la mayoría de los cargos públicos imputados y/o condenados, pero sin que apenas se salve un partido político de tener “ejemplares” de esta calaña entre sus filas.
Tras el levantamiento del sumario del caso “Gürtel” en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), se conocen acusaciones de financiación irregular del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Partido Popular de Galicia, Partido Popular de Castilla y León y del Partido Popular nacional. Con motivo de los levantamientos de los secretos de los sumarios del “caso Palma Arena” por parte del magistrado José Castro, titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Palma de Mallorca, en el que aparece como principal imputado Jaume Matas, que fue presidente de Baleares en dos legislaturas (1996-1999 y 2003-2007) y Ministro de Medio Ambiente con el Presidente José María Aznar, también nos hemos enterado de la presunta financiación del PP Balear.
Resulta sorprendente que ni el Partido Popular, ni Coalición Canaria ni tampoco el PIL de Lanzarote expulsen fulminantemente de sus filas a sus cargos públicos que aparecen detenidos, imputados o acusados por delitos de corrupción política y, por el contrario, esperen pacientemente a que los afectados presenten “renuncias provisionales de militancia”.
“No debe extrañar” tal comportamiento de esos partidos políticos si se tienen en cuenta que muchos de sus cargos públicos imputados y acusados por delitos de corrupción política, teniendo en cuenta el tiempo que tarda la justicia en juzgarles, son presentados o encabezan listas electorales en los procesos siguientes a sus detenciones, imputaciones y/o acusaciones y obtienen más votos que en anteriores procesos. Eso sucedió en las elecciones municipales celebradas en mayo de 2007, por poner algunos ejemplos, con treinta Alcaldes de Andalucía, de distintos colores políticos (PP, PSOE, IU, GIB, PA), y, aquí en la isla, con Francisco González, Alcalde de Mogán.
Un iceberg o témpano de hielo es un pedazo grande de hielo dulce flotante desprendido de un glaciar formado por nieve o de una plataforma de hielo. De un iceberg sobresale del agua sólo una octava parte de su volumen total, por lo que estas masas gélidas constituyen un peligro para la navegación, ya que pueden alcanzar dimensiones enormes.
Los casos de corrupción política que estamos presenciando atónitos son solo la punta de un iceberg enorme, donde la mayoría de la corrupción que se ha enquistado en distintas administraciones públicas aún no han aflorado, muchas veces por desidia, otras veces por falta de medios para investigar, muchas veces por la complejidad de destapar este tipo de delitos y, en muchos casos, porque las investigaciones son largas y complejas. Pero todo se andará.
Por poner ejemplos cercanos, y razonando en clave jurídica, los casos “Paraíso”, del Municipio de San Bartolomé de Tirajana, y “Góndola”, del Municipio de Mogán, están aún pendientes de darnos muchas “sorpresas”.
En el primero de los casos, si tenemos en cuenta que las primeras actuaciones judiciales conocidas de la titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 de San Bartolomé de Tirajana, detenciones y registros incluidos, se llevaron a cabo el día 28 de junio de 2007 y que hasta el día de la fecha sigue decretado el secreto de sumario, considerando que tal medida es excepcional y precisa de prórrogas semestrales concedidas por el Consejo General del Poder Judicial que tienen que ser motivadas porque si se alzara el secreto del sumario se podrían ver alteradas las investigaciones, nos lleva a pensar que lo que están investigando es de tal magnitud (casi tres años de investigación) que, cuando se “levante la liebre”, no quedará títere con cabeza en el municipio sureño.
En el segundo de los casos, las primeras detenciones, entre ellas la del Alcalde de Mogán, y los registros judiciales, se llevaron a cabo el día 10 de enero de 2007. Hasta la fecha solo se ha levantado parcialmente el secreto de sumario y se siguen produciendo nuevas imputaciones. El mismo razonamiento jurídico nos lleva a pensar que el caso “Góndola” también tiene mucha más cera que la quemada hasta la fecha.
La operación “Unión”, con su apéndice “Jable”, que investiga el Magistrado César Romero Pamparacuatro, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 5 de Arrecife, en el marco de las diligencias previas 697/08, se inició en el año 2008 y ya ha tenido diferentes redadas de detenciones e imputaciones, hasta casi llegar a las sesenta. Como podemos ver, el proceso es lento, pero atando cabos con profesionalidad acaba por destaparse una corrupción política que se había instalado en todos los sectores de la isla capitaneada por el ínclito Dimas Martín.
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